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En términos del artículo 40 Constitucional: México está constituido como una República Representativa, Democrática, Federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la propia Ley Fundamental y, precisamente, un instrumento esencial de la Democracia Representativa son los Partidos Políticos. Así, los Partidos Políticos están considerados dentro del artículo 41 Constitucional como entidades de interés público, que tienen como fin: A) promover la participación del pueblo en la vida democrática; B) contribuir a la integración de la representación nacional (estatal y municipal) y C) como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En un sistema electoral basado en un régimen de Partidos Políticos resulta importante tener presente la función mediadora y articuladora entre el Estado y sociedad que significan y cumplen los Partidos Políticos en la representación política. Esta importante función (mediadora y articuladora) les está reconocida a los Partidos en las Constituciones de muchos países y, como se ha señalado, en nuestro país en el numeral 41 de la Carta Magna y, por supuesto, en la legislación electoral de todos los países democráticos. En este sentido, podemos afirmar que no hay democracia sostenible sin Partidos Políticos fuertes y consolidados, vinculados a la sociedad, con usos y prácticas internas democráticas (tanto en sus órganos de dirección como en sus procesos selectivos de candidatos a los distintos cargos de elección popular) y con obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas efectivas. Sin duda alguna, la democracia actual es una democracia de Partidos Políticos. Sin la libertad de asociación política (derecho de asociación o reunión para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, previsto en el artículo 9º Constitucional), es decir, sin la existencia de los Partidos (en tanto formas de organización política) no puede hablarse de democracia auténtica o democracia pluralista. Se requiere de partidos sólidos y estables, que se caractericen por la vinculación estrecha y comprometida con la sociedad (arraigados socialmente), con unidad, cohesión, normatividad adecuada (actualizada y vanguardista), así como de disciplina interna, para lograr que la democracia sea una estructura jurídica y un régimen político viable y eficaz (Artículo 3º. Constitucional). Siguiendo a Aragón Reyes, podemos decir que la democracia de Partidos no debe sustituir por completo a la democracia de ciudadanos, so pena de llegar a pervertir la propia democracia, cuya única fuente del poder es el pueblo (todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, artículo 39 Constitucional). En este sentido, podemos afirmar que el derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en su doble vertiente de derecho de sufragio activo y derecho de sufragio pasivo, es, sobre todo, el principio más básico de la democracia. Por lo que el derecho de sufragio se entiende como el método para designar la representación popular y difícilmente puede aceptarse que haya representación sin elección, ni limitación temporal del poder sin elecciones periódicas (renovación temporal del poder), por lo que el sufragio tiene como principal función la de servir de medio para formalizar la representación política. (Kelsen: Democrac. Represent.). Es así que los Partidos Políticos cumplen una función auxiliar (articuladora, mediadora) en la democracia representativa: son instrumentos fundamentales y valiosos sí, pero solo medios (herramientas) de la democracia. Ya que ésta no tiene por sujetos a los Partidos, sino a los ciudadanos que siempre serán lo más importante en un régimen democrático. Pero aún más, si bien a través de los Partidos se canalizan las distintas expresiones del pluralismo político, éstos no agotan los cauces (vertientes) de expresión del pluralismo político, ya que los mismos se expresan por medio de grupos de opinión no partidistas (movimientos políticos independientes, asociaciones políticas, agrupaciones de electores u observadores, etc.); como tampoco agotan los cauces de expresión del pluralismo social, que se manifiesta también a través de los sindicatos, las asociaciones profesionales, etc., que existen en una comunidad. Cabe puntualizar, además, que hoy en día, en muchos casos, las elecciones las ganan o las inclinan los indecisos, esto es, ciudadanos apartidistas. II.- Partidos Políticos y Presentación de Candidaturas. Clasificación de países, cuyos ordenamientos establecen la presentación de candidaturas a cargos de elección popular (bajo ciertas modalidades): A.- Países que atribuyen a los Partidos el monopolio de la presentación de candidaturas: Argentina, Costa Rica, Guatemala, México (antes de la Reforma Constitucional en Materia Política de 2012) y Nicaragua. Aún más, existen países cuyos ordenamientos todavía exigen un requisito mayor: la afiliación a un Partido Político para poder ejercer el derecho a presentarse como candidato (para ser titular del derecho de sufragio pasivo), como es el caso del Brasil -y antes Ecuador- (en su Constitución, lo que significa un requisito criticable ya que establece el monopolio absoluto de los Partidos sobre la vida política democrática). B.- Países que “moderan” el monopolio sin eliminarlos totalmente: Bolivia, que otorga el derecho de presentar candidaturas a los Partidos Políticos o a las agrupaciones cívicas representativas del país (con personalidad jurídica reconocida), formando bloques o frentes con los Partidos. Es decir, se requiere de grupos sociales organizados y de la voluntad de los Partidos en alianza electoral. También: En Bolivia los Pueblos Indígenas, se rigen por sus propias normas. El caso del Uruguay, este país atribuye el derecho para presentar candidaturas, aparte de los “Partidos Permanentes” a los “Partidos Accidentales” (que son agrupaciones de ciudadanos que se constituyen antes de las elecciones para presentar candidaturas). C.- Países que claramente no atribuyen a los Partidos el monopolio de la presentación de candidatos, sino que establecen que, además de los Partidos Políticos, pueden presentar candidaturas grupos de ciudadanos: Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay (en América del Sur); El Salvador (solo las elecciones Legislativas), Honduras y Panamá (en América Central) y República Dominicana (en el Caribe), con el requisito de que se reúnan un número o porcentaje mínimo de ciudadanos para presentar una candidatura (exigencia que no constituye una limitación del derecho de sufragio pasivo, sino un condicionamiento justificado para su ejercicio). En esta clasificación se incluyen los E.U. y el Canadá. III.- Breve antecedente histórico en México. Desde finales de los años 40 del Siglo pasado, el Sistema Electoral Mexicano consideró a los Partidos Políticos como su punto de referencia al otorgarles el derecho exclusivo de postular candidatos a cargos de elección popular. (Legislación Secundaria). La reforma política-electoral de 1977 amplió el panorama de opciones partidistas, al otorgar registro legal a varias opciones que con anterioridad habían sido privadas, por circunstancias diversas, del derecho de participar en procesos electorales (PCM, PDM, PST, PRT y PSD). Con posterioridad, otras organizaciones solicitaron y obtuvieron su registro como Partido Político Nacional, mientras que a nivel local se crearon Partidos estatales. No obstante ello, aún y cuando la normatividad electoral pretendió favorecer la creación y registro de nuevas opciones partidistas, con una clara tendencia a favor de un sistema pluripartidista, la mayoría de los Partidos que obtuvieron su registro no lograron consolidar su presencia entre la ciudadanía y perdieron el registro legal. A nivel local se ha presentado una situación similar: en la actualidad son pocos los Partidos locales que han logrado mantener su presencia y registro por más de dos elecciones consecutivas en ese ámbito. Un ejemplo: Colima (actual proceso electoral: caso de la ADC -Partido Político Estatal- que perdió su registro legal al no alcanzar el 2% de la votación para Diputados por el Principio de M. R.). Así, durante el período 1977-2006, la ley electoral permitió la posibilidad del registro legal de nuevos Partidos Políticos cada 3 años (iniciando el procedimiento en enero del año siguiente al de la elección federal inmediata anterior). En un inicio la fórmula del registro condicionado al resultado de las elecciones fue la más utilizada, ésta fórmula se eliminó en 1986 y se reimplantó en la ley en 1991, hasta que en 1996 se abrogó, subsistiendo sólo la figura del registro definitivo (que se basa en la comprobación de requisitos cuantitativos). En razón de que el registro de nuevos Partidos Políticos nacionales cada 3 años no fue positivo, con la reforma política de 2007 se estableció que el registro de nuevos Partidos se realizara cada 6 años, después del año de la elección presidencial. Lo cierto es que en los últimos 30 años se han creado o intentado crear en el país casi 50 Partidos Políticos, esto sólo a nivel nacional. Derivado del marco legal, por la evolución del sistema de Partidos y de las preferencias ciudadanas, en México se ha venido configurando un modelo de competencia tripartidista, situación qué, para algunos, tiene sus ventajas (se evita la fragmentación excesiva en las cámaras y en los ayuntamientos), pero que, también, se debe reconocer ha originado una limitación de opciones ante la sociedad y la ciudadanía. Estrechamente asociado a lo anterior, una realidad indiscutible es el evidente deterioro de los Partidos Políticos ante la sociedad civil. En efecto, una de las instituciones peor calificadas y menos valoradas socialmente en México son los Partidos Políticos. Las causas de la crítica social son multifactoriales, a saber: A) la poca cercanía y vinculación (alejamiento) de los Partidos con la sociedad, así como la escasa preocupación por el bienestar de los ciudadanos; B) la percepción social de que los Partidos son organizaciones cerradas y sujetas al control de sus grupos dirigentes en la toma de decisiones, sin consultar a la ciudadanía y militancia; C) la falta de democracia interna y de apertura de los Partidos a la participación de la ciudadanía en sus procesos de selección de cargos directivos y de candidatos a cargos de elección popular, produciendo una creciente desconfianza ciudadana y D) el incumplimiento de propuestas y compromisos tanto partidistas como de sus candidatos, una vez que acceden a los cargos públicos. Podemos recapitular aquí que, a pesar de que los Partidos Políticos son de las instituciones democráticas que gozan de menores niveles de confianza, de acuerdo a Latinobarómetro 2010, el 59% de la población de América Latina considera que sin Partidos Políticos, no puede haber democracia. IV.- Reforma Constitucional en Materia Política. Todo lo anterior motivó una serie de reflexiones y cambios orientados a la necesidad y oportunidad de dar un paso de gran trascendencia y significado para el Sistema Político-Electoral de México mediante la incorporación en la Constitución Federal del derecho ciudadano a competir por cargos de elección popular sin la obligada postulación por un Partido Político. Es decir, abrir nuevos cauces a la participación ciudadana sin condicionarla a la pertenencia, ya por adscripción o por simpatía, a un Partido Político. Las candidaturas independientes (no partidistas) han sido implantadas en muchas naciones democráticas, México había sido hasta antes de esta reforma una de las excepciones. Con la reciente Reforma Constitucional que establece la postulación de candidatos independientes, es decir, postulados al margen de los Partidos Políticos (sin tener que obtener el respaldo de un Partido Político para poder postularse y obtener su registro para competir por un cargo de elección popular), sin duda, no debemos dejar de reconocer que éstos han sido, son y deberán continuar siendo columna vertebral del Sistema Político-Electoral, porque su existencia y fortalecimiento constantes son requisito y condición indispensable para la consolidación y expansión del sistema democrático. En otras palabras, los Partidos Políticos deben seguir siendo el medio principal para la organización de la diversidad de ideas y proyectos que se dan en una sociedad plural, y como instancias articuladoras (enlaces) para reunir y organizar (bajo principios y reglas democráticas), a quienes se identifican y vinculan con sus ideas y propuestas, para así cumplir con uno de sus fines: hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de representación popular. De tal suerte que, el 18 de julio de 2012, como producto de las atribuciones del Constituyente Permanente Federal (órgano revisor de nuestra Carta Magna, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas Locales), se aprobó el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia política”, publicado en el D.O.F. el 9 de agosto de ésta misma anualidad. La Reforma Constitucional en materia política de 2012, que modifica y adiciona 14 preceptos de nuestra Ley Fundamental (10% del total), es fruto de diversas iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, por los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República y por Senadores en forma individual. En las diversas iniciativas formuladas: existieron coincidencias en el planteamiento de temas, aunque como siempre ocurre y esto es producto del pluralismo político e ideológico, también se presentaron discrepancias concretas en la formulación de textos de los respectivos preceptos constitucionales. Sin embargo, el denominador común (coincidencia) en las iniciativas presentadas consistió en la necesidad de: A) abrir nuevos cauces (formas) para la participación directa de la ciudadanía, a través de esquemas y mecanismos que estimulen el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos electorales (para fortalecer el sistema electoral que en México se ha construido); B) contar con reformas de naturaleza política que atiendan situaciones que están presentes desde hace décadas y C) así como la definición de soluciones a nuevas problemáticas que han surgido a partir de la alternancia en el ejercicio del Poder Ejecutivo Federal, desde el año 2000 y que hoy en día en nuestro país contamos ya con la segunda alternancia. Los diversos temas de la Reforma Constitucional 2012 en Materia Política, son: 1.- Candidaturas Independientes (Art. 35 Frac. II). 2.- Consulta Popular (Art. 35 Frac. VIII). 3.- Iniciativa Ciudadana (Art. 35 Frac. VII y Art. 71 Frac. IV). 4.- Iniciativa Preferente (Art. 71 Penúltimo y Último Párrafos). 5.- Nuevas Facultades del Congreso (Art. 73 Frac. XXIX-Q). 6.- Ampliación de Facultades Exclusivas del Senado: Ratificación de Comisionados de Órganos Reguladores -COFECO, COFETEL y CRE- (Art. 76 Frac. II). 7.- Substitución del Presidente de la República en caso de Falta Absoluta (Art. 84 y 85). 8.- Protesta del Presidente de la República (Art. 87). 9.- Ampliación de las Facultades del Presidente de la República (Art. 89). 10.- Libertad Configurativa a las Legislaturas de los Estados para Regular las Iniciativas de Ley Ciudadanas (Art. 116 Frac. II). Sin duda alguna, la Participación Ciudadana está en el centro de las recientes reformas a la Carta Magna por parte del Constituyente Permanente Federal: Candidaturas Independientes, Consulta Popular e Iniciativa Ciudadana. - Temas pendientes: Reelección inmediata (México y Costa Rica son los únicos casos de naciones democráticas que no permiten la reelección inmediata de legisladores); Fuero Constitucional (eliminación o limitación); disminución de Diputaciones y Senadurías de R.P.; regulación de Encuestas y Casas Encuestadoras, su difusión; Segunda Vuelta en las Elecciones Presidenciales, etc. - Disposiciones Transitorias del Decreto. El citado Decreto inició su vigencia el 10 de agosto de 2012 (el día siguiente al de su publicación en el D.O.F.). Señalándose que tanto el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para cumplir con el Decreto), como los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del D.F. (deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria derivadas del Decreto), en un plazo que no exceda de 1 año a partir del inicio de la vigencia del citado Decreto. En lo que respecta al tema que interesa: Candidaturas Independientes, en el artículo 35 Constitucional se establece en su parte conducente que: Son derechos del ciudadano: II.- “ Poder ser votado para todos los cargos de elección popular… El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;”. Es pertinente señalar lo que establecían antes de esta reforma constitucional el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y, por citar algunas, dos legislaciones locales de la materia, respecto al registro de candidaturas: COFIPE “Artículo 218. 1. Corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. Código Electoral del Estado de Colima “ARTÍCULO 160.- Corresponde exclusivamente a los PARTIDOS POLÍTICOS el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las siguientes reglas …”. Ley Electoral del Estado de Nayarit “Artículo 123.- Corresponde exclusivamente a los partidos políticos o coaliciones acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”. V.- Problemática e Incongruencia de la Reforma Constitucional. El Decreto de reforma constitucional no modificó el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Carta Magna que establece: IV. “Las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: e) Los partidos políticos solo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o. apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;”. Esta problemática tiene su origen con motivo de la reforma política-electoral de 2007, en la que se discutió, desde ese entonces, la propuesta de admitir en México las candidaturas independientes y en la que también se analizó la propuesta de incluir en la Constitución Federal la exclusividad a favor de los partidos en materia de postulación de candidatos. Sin embargo, no hubo acuerdos y se optó por dejar el asunto pendiente para una futura reforma. Pero si bien, en 2007, el texto del artículo 41 Constitucional fue corregido para que el tema quedara pendiente y se continuara analizando, por un “error” no se realizó la misma corrección en el artículo 116 Constitucional, de tal suerte que se aprobó en este último numeral el derecho exclusivo de los partidos políticos para postular candidatos a cargos de elección popular en los comicios locales. Situación que con la reciente reforma constitucional en materia política al no modificarse o suprimirse el citado derecho exclusivo de los partidos para solicitar el registro de candidatos previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso e), vigente, es claro que existe una incongruencia con la reforma prescrita en el artículo 35, fracción II, de la propia Carta Magna en el que se otorga como derecho del ciudadano el de solicitar su registro como candidato a un cargo de elección popular ante la autoridad comicial competente de manera independiente y al margen de los partidos políticos. Circunstancia que rompe con la armonía que debe prevalecer entre las distintas normas constitucionales, toda vez que el artículo 35, fracción II, otorga el derecho de solicitar el registro de candidatos además de los Partidos Políticos, a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente (candidaturas independientes), esto es, se otorga tal derecho en ambos casos para las elecciones federales y, por su parte, el precepto 116, fracción IV, inciso e), que prevé las disposiciones para los Estados, al establecer que éstos garantizarán en sus Constituciones y Leyes el derecho exclusivo para que los Partidos Políticos soliciten el registro de candidatos a cargos de elección popular, lo que significa que, únicamente, los Partidos Políticos podrán solicitar los registros de candidatos en las elecciones locales, cuando es claro y evidente que los Partidos Políticos nacionales, previa inscripción de la constancia de su registro ante las autoridades electorales, participan en las procesos electorales locales (estatales, distritales y municipales). De lo que se desprende que en las elecciones federales se puede solicitar el registro de candidatos por dos vías: por medio de los Partidos Políticos y con candidaturas independientes apartidistas y, en los comicios locales, sólo se puede solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular a través de los Partidos Políticos, pues, en este último caso el artículo 116 Constitucional, en su fracción IV, inciso e), les reconoce a los Partidos Políticos el derecho exclusivo para llevar a cabo tal solicitud. Situación que rompe (va en contra) con el espíritu del Constituyente Permanente en la reciente reforma constitucional, que es la de establecer la base normativa para la existencia (y regulación en las leyes secundarias) de las candidaturas independientes, para todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales. La solución ante esta problemática que se presenta con motivo de la reciente reforma constitucional es que: se modifique el artículo 116 Constitucional en su parte conducente o, en su caso, llegado el momento oportuno la autoridad competente estaría facultada para desaplicar lo dispuesto por el citado artículo 116, fracción IV, inciso e), para efecto de aplicar lo previsto por el artículo 35, fracción II, de la propia Ley Fundamental, considerando como derecho humano, el derecho de todo ciudadano de poder ser votado para todos los cargos de elección popular (titular del derecho de sufragio pasivo) y, por tanto, el derecho de poder acceder al ejercicio del poder público, lo anterior con base en lo dispuesto por el artículo 1° de Constitucional Federal en materia de derechos humanos que se debe interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona), esto es, maximizando los derechos humanos para hacer prevalecer la disposición contenida en la reciente reforma constitucional (artículo 35, fracción II). VI.- Requisitos de Ley para Presentación y Registro de Candidaturas Independientes. La participación independiente de los ciudadanos en los procesos electorales deberá cumplir con requisitos de ley que aseguren representatividad y autenticidad, además de procedimientos, derechos y obligaciones que sean armónicos con los establecidos para los Partidos Políticos, que garanticen también transparencia y rendición de cuentas. Entre los requisitos que deberán cumplir y podrán ejercer quienes aspiren a un cargo de elección popular por fuera del sistema de partidos, y que el legislador ordinario, tanto federal como estatal, deberá establecer y regular en la legislación secundaria, tenemos los siguientes temas centrales (se deberá acudir a la experiencia y al Derecho Comparado, pero adecuadas a nuestra propia realidad): A) Establecer Requisito Cuantitativo para la Inscripción. Normalmente se exige en las legislaciones electorales a los aspirantes contar con un número comprobable de adherentes (patrocinios, respaldos o firmas): porcentajes mínimos de votantes inscritos (en el padrón electoral o en la lista nominal de la demarcación que corresponda al cargo de que se trate) o números determinado de electores para cada elección (en algunos casos: se precisa que los electores no deben tener afiliación política en un período de tiempo previo al proceso electoral). Adicionalmente, se requiere una adecuada distribución territorial del respaldo ciudadano (Vg. Presidente de la República o Gobernador). B) Determinar los Derechos y Prerrogativas a los que podrán acceder los Candidatos Independientes. Acceso al Financiamiento Público y Privado (Princ. Constituc.). Sistema de Financiamiento Público sujeto a reembolso. Reglas aplicables en caso de existir remanentes (su destino). Permitir el acceso de Candidatos Independientes a los medios de comunicación social (tiempos del Estado, a través del IFE). C) Establecer Reglas en materia de Vigilancia, Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas. D) Se deberá dotar a las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales): de normas aplicables a las actividades de campaña de los candidatos independientes; su ubicación en la boleta electoral; el cumplimiento de sus obligaciones; así como el acceso a la Justicia Electoral por parte de los candidatos independientes (en la ley de la materia), etc. E) Otros requisitos: Fianzas para asegurar la seriedad de candidaturas; no haber integrado directivas de Partidos Políticos o contar con cuadros directivos a nivel nacional; reglas para determinar la elegibilidad de un aspirante a una candidatura independiente, si previamente participó en el proceso interno selectivo de un Partido Político: podrá participar o no con una candidatura extrapartidaria? Se puede señalar que los requisitos que se exigen a los candidatos independientes, son muy similares a los que se les solicitan a los Partidos Políticos, inclusive en los países que han adoptado la figura de las candidaturas independientes (Colombia, Paraguay y República Dominicana), equiparan explícitamente en sus legislaciones los requisitos de los independientes con los de los Partidos en cuanto a su organización, constitución y funcionamiento. Un factor importante debe ser el respeto a los principios de igualdad y proporcionalidad. Al respecto, debe considerarse que los candidatos independientes, al igual que los partidistas, compiten por los mismos cargos de representación al interior de un órgano legislativo, por tanto, deberían cumplir con los mismos requisitos de manera proporcional. Por ejemplo: no debería exigirse al independiente el mismo número de firmas que las de un Partido, ya que aquel solo tiene la posibilidad de acceder a un cargo (curul o escaño) en el Congreso, a diferencia de un Partido, que podrá competir por todos los cargos de representación en las Cámaras legislativas. - Elecciones Locales en 2013 (14 Estados) y 2014 (5 Estados), pondrán a prueba las reformas y las Candidaturas Independientes. - Conclusiones: Aún con la reciente Reforma Constitucional, los Partidos Políticos continuarán siendo la base y columna vertebral de nuestro Sistema Político-Electoral. La base constitucional está ahí aprobada, su regulación e instrumentación (requisitos) es asignatura pendiente, no será tarea sencilla para el legislador federal ni local, se rompieron esquemas, paradigmas y temas tabú (aún quedan temas pendientes), sin embargo, podrán aprovecharse las experiencias (derecho comparado) en otros países que han adoptado la figura de las Candidaturas Independientes. La regulación de la Participación Ciudadana (vía Candidaturas Independientes) se encuentra en etapa de consolidación en los procesos electorales últimos realizados en los países de América Latina que las han adoptado, pero su importancia ha ido en aumento en la medida que han surgido algunos gobiernos de corte suprapartidarios o que reflejan tendencias a fortalecer la sociedad civil en sus diversas formas de participación. De las instituciones peor calificadas, valoradas y reconocidas por la sociedad son los Partidos Políticos, con la reciente reforma constitucional tendrán una Oportunidad de Mejora (flexibilidad, mayor apertura, democratización interna y mayor acercamiento con la sociedad, así como cumplimiento de propuestas y de sus candidatos). Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier Magistrado Presidente del TEE      PAGE \* MERGEFORMAT 1 ()*.;>Nhsq } ~  ìÛdz¤�~p^pP>P0hè@×CJOJQJ^JaJ#ha{^h¦ua6�CJOJQJ^JaJh¦uaCJOJQJ^JaJ#h!{yhQ^[5�CJOJQJ^JaJhQ^[CJOJQJ^JaJ#h!{yh!{y5�CJOJQJ^JaJ&h!{yh!{y5�>*CJOJQJ^JaJh!{y5�CJOJQJ^JaJ&hJhÐ!D5�>*CJOJQJ^JaJ&hJhJ5�>*CJOJQJ^JaJ hr5�>*CJOJQJ^JaJ&hJhy7Ä5�>*CJOJQJ^JaJ*>Ó × Ë â gŠÑ¿_Ãù�Y)Ñ©ª r#ž$Y&;)c+\,÷ïççççççççççççßßß×××ççççç$a$gdÏ?\$a$gdE ê$a$gdÅ[ $a$gd!{y$a$gdJ Ñ Ü î ' - I O ^ ` a b c d e ¡ ¢ £ ¤ ¥ Ý ó ô õ ö ÷ ù íßË߹ߧߕ߇ucßUßucßUßUßUßFch!{y5�CJOJQJ^JaJhÂ+*CJOJQJ^JaJ#h«u%hè@×5�CJOJQJ^JaJ#h!{yh!{y5�CJOJQJ^JaJh!{yCJOJQJ^JaJ#h8ÿhè@×>*CJOJQJ^JaJ#h¨hè@×6�CJOJQJ^JaJ#h!{yhè@×5�CJOJQJ^JaJ&h8ÿhè@×5�>*CJOJQJ^JaJhè@×CJOJQJ^JaJ#h!{yhè@×>*CJOJQJ^JaJù ú > Ö ×  ! ? _ É Ê Ë â ã þ  ! 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